Por Julian David Goméz Gil
En el corazón en donde se albergan unas 9000 especies de plantas vasculares, 200 mamíferos, 600 aves, 100 reptiles y 120 anfibios, el Departamento del Chocó se configura como uno de los lugares estratégicos para la explotación de minerales en Colombia. Sus ríos ricos en oro, platino, plata y zinc han propiciado los incentivos necesarios para que empresas trasnacionales y grupos ilegales inviertan en la extracción de estos minerales desde comienzos del siglo pasado. En consecuencia, cien años de deforestación, sedimentación de los ríos y vertimiento de mercurio han llevado a que en la cuenca del río Atrato se concentre el mayor número de especies amenazadas de Colombia (Digna, 2016). Asimismo, la presencia de grupos armados y la ausencia de regulación estatal sobre los procesos de extracción en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI han llevado a un proceso de desplazamiento tanto de especies como de personas en las regiones del Alto, Medio y Bajo Atrato (Digna, 2016).
Desde comienzos del siglo XX la explotación de aluvión en el Chocó se estableció como una de las principales fuentes de ingreso en la región que, debido a su alta rentabilidad, ha logrado mantenerse como una de las actividades económicas más importantes del departamento (Bonet, 2007). Por esta misma época, la concesión de títulos mineros a empresas extranjeras alrededor de los ríos Atrato, San Juan y Condoto permitió la introducción de dragas eléctricas al proceso de extracción de oro y especialmente de platino (minería mecanizada), lo cual transformó la extracción artesanal a una de tipo industrial (Gómez, 2014; Leal, 2009; Castillo y Corredor, 2013).
Así, las consecuencias de esta transformación no se hicieron esperar y los impactos socioambientales se hicieron evidentes. La ausencia de una regulación estatal eficiente produjo un desequilibrio entre los derechos de la comunidad y los límites y las prácticas de explotación de las grandes transnacionales, como la compañía Chocó-Pacífico (Gómez, 2014; Leal, 2009).
Las nuevas tecnologías de extracción traídas por grandes multinacionales como la Chocó-Pacífico permitieron mayor eficiencia y productividad en el proceso de extracción. Sin embargo, la falta de control y reglamentación generaron consecuencias negativas, entre las cuales se resaltan: incalculables evasiones de impuestos, apropiaciones ilegales de tierras y ríos, destrucción de viviendas, afectación de cultivos, desapariciones y desplazamiento forzado (Gómez, 2014; AGNFME, 1920-1933).
Por otra parte, desde la década de los noventa, la extracción de minerales del río Atrato ha sido compartida por empresas extrajeras, como la Minera el Roble, y grupos ilegales, como el ELN y las FARC (Digna, 2016). Entre el periodo de 1990 y 2015, al menos 5736,43 hectáreas cercanas al rio Atrato han sido concedidas a la Minera El Roble, mientras que se estima que el 99,2 % de las unidades productivas mineras del Chocó operan de forma ilegal (Digna, 2016; Minas y Energías, 2011).
La alta concentración de títulos y territorios mineros y la falta de una regulación estatal eficiente han generado que prácticas ilegales derivadas de la extracción como el vertimiento de desechos tóxicos a los ríos y la evasión de impuestos sean frecuentes e incluso indiscriminados (Digna, 2016; Herrera, 2014; Frasser & Restrepo 2012). Por ejemplo, en el 2010, Colombia fue declarado por Mercury Watch como el segundo país con mayores niveles de liberación de mercurio en el mundo debido a que compañías como la Minera El Roble vierten mercurio de forma indiscriminada al rio Atrato y también deforestan sus bosques nativos. Esto ha hecho, que cada vez sea más difícil que los ecosistemas y los habitantes del Atrato se adapten a los altos niveles de contaminación (Herrera, 2014; Digna, 2016).
Por otro lado, las transformaciones derivadas de la minería mecanizada, las precarias condiciones de infraestructura y la presencia de grupos armados han potenciado los efectos negativos de la minería y han aumentado tanto el desplazamiento forzado como el desplazamiento “gota a gota” (Digna, 2016). En 2012, la presencia de las FARC y ELN, junto con el alto índice de necesidades básicas insatisfechas en la mayoría de los municipios del Chocó, produjeron que al menos 5000 personas fueran desplazadas de las regiones cercanas a los ríos Atrato y San Juan debido a las constantes amenazas y falta de oportunidades (Digna, 2016; Herrera, 2014; Víctimas, 2012).
En consecuencia, las implicaciones socioambientales de más 80 años de extracción minera en el rio Atrato han sido devastadoras. La pérdida de la biodiversidad, las elevadas concentraciones de mercurio, tanto en el rio como en las personas, y la violencia han propiciado un escenario de pobreza, desigualdad, muerte y abandono para la región. La falta de oportunidades y la ausencia estatal han impedido que cualquier sector productivo diferente a la extracción minera sea competitivo, ya que este es exclusivo para grandes inversionistas. Por otro lado, los recursos percibidos por las alcaldías municipales por motivo de regalías no se ven reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (Unidad de Restitución de Tierras, 2014). En ese sentido, cabe preguntarnos si los discursos de desarrollo y crecimiento económico que apoyan y legitiman la extracción de minerales como una alternativa para aumentar el PIB y disminuir la pobreza no son más que un acto de demagogia y corrupción, que se traduce en un juego de ganadores con un solo perdedor: el ecosistema del rio Atrato y sus habitantes.
1. Adicionalmente, 95000 hectáreas han sido solicitadas para la minería de aluvión en el Alto Atrato, el Darién y San Juan (Digna, 2016)
2. Desplazamiento “gota a gota,” en el cual las difíciles circunstancias (económicas, de salud o relacionadas con el conflicto armado) obligan poco a poco a familias a buscar mejores oportunidades en otros poblados.
3. Se estimo que en 2012 un tercio de los municipios del Chocó tenían un NBI mayor al 90% (Digna, 2016).
4. Se estima que de cada cinco especies cuatro están amenazadas (Digna, 2016)
5. La OMS (2013) declaró que el límite de exposición al mercurio en las personas era de (1,0 µg/m3). Sin embargo, en el Chocó se utilizan entre 5 y 10g de mercurio para obtener 1g de oro.
Bibliografía:
AGNFME. (1920-1933). Fondo Ministerio de Minas y Energías (Vol. 16). Bogotá.
Bonet, J. (2007). ¿Por qué es pobre el Chocó? Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana, Banrep.
Castillo & Corredor, Á. &. (2013). Las compañías Chocó Pacífico y Tropical Oil a comienzo del siglo XX. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Digna, T. (2016). LA MINERÍA EN CHOCÓ, EN CLAVE DE DERECHOS. Bogoá: Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna.
Energías, M. d. (2011). Censo Minero Departamental 2010-211. Bogotá: Ministerio de Minas y Energías.
Frasser, C. C., & Restrepo, L. M. (2012). Sector Minero en Colombia ¿El Auge para Quién? El Observatorio Regional.
Gómez, J. (2014). Regalías y Evasión de Impuestos de las Multinacionales: Caso de la Chocó Pacífico 1920-1925.
Herrera, J. S. (2014, Junio 24). Minería ilegal acaba con ríos chocoanos. El Tiempo.
Víctimas, U. p. (2012). Chocó: Informe Departamental deHechos Victimizantes a 2012. Bogotá: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.